El Grupo de Trabajo lleva décadas señalando a la atención de la comunidad internacional la cuestión de la impunidad estructural de las desapariciones forzadas. En 1993, tras celebrar consultas con los Estados, los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de la sociedad civil, publicó un informe en el que se incluyeron recomendaciones encaminadas a garantizar la rendición de cuentas e impedir la impunidad por los actos de desaparición forzada . El Grupo de Trabajo ha destacado repetidamente que una investigación penal eficaz es esencial no solo para defender el derecho a la justicia, sino también para cumplir la obligación de buscar a la persona desaparecida y para el disfrute del derecho a la verdad y a la reparación, ya que se trata de derechos estrechamente relacionados entre sí . No obstante, el Grupo de Trabajo sigue observando que existe renuencia respecto de la investigación diligente de todas las denuncias de desapariciones y la exigencia de responsabilidades a sus autores. Incluso en contextos en que existe la voluntad política de hacer frente a la impunidad y a los casos de desaparición forzada (sobre todo en los procesos de transición), la escasez de instrumentos institucionales suele ser un obstáculo para ello. El presente informe tiene por objeto determinar los principales elementos necesarios para la elaboración y aplicación de normas de investigación y políticas públicas pertinentes a fin de investigar con mayor eficacia los casos de desaparición forzada y llevar a sus autores ante la justicia. También se analizarán los desafíos y las buenas prácticas existentes.