La Desaparición Forzada en Colombia, comienza a aplicarse en el marco de la doctrina de la seguridad Nacional, a finales de la década de los setenta, incrementándose en la década de los ochenta, como modalidad represiva y sistemática para eliminar opositores políticos y como mecanismo de represión, cuando se institucionaliza la violación de Derechos Humanos en este país.
El primer caso registrado como desaparición forzada en Colombia y reconocido como modalidad represiva para eliminar opositores políticos al régimen, se remonta al 9 de septiembre de 1977, con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de izquierda.
En estas dos décadas este crimen atroz se caracterizó por ser selectivo, previa vigilancia, seguimientos, operativos de inteligencia y ejecución por parte de organismos de seguridad del Estado sobre las víctimas.
Los familiares de las víctimas, con el dolor, la angustia e incertidumbre de no saber lo que estaba sucediendo con sus seres queridos, Detenidos – Desaparecidos y ante los interrogantes de ¿Quién se los había llevado? Por qué se los habían llevado? Pero sobre todo ¿Dónde estaban?Acudieron a las autoridades gubernamentales con la esperanza de obtener respuestas y con la confianza del regreso inmediato a casa de sus seres queridos. Y por el contrario fueron atendidos con frases ofensivas y sarcásticas, que no solo ponían en duda la ocurrencia de los hechos, sino que además, afectaban la dignidad y el buen nombre de los desaparecidos, asumiendo una total negación de la ocurrencia de esta práctica represiva en Colombia.