Salvar vidas no es delito

El presente informe, titulado “Salvar vidas no es delito”, se centra en la criminalización y los ataques de que son objeto los servicios y los agentes humanitarios como resultado de las actividades de lucha contra el terrorismo y disuasión de la migración, y de la proscripción o estigmatización de los derechos sexuales y reproductivos. La Relatora Especial sostiene que, al obstaculizar la prestación de servicios indispensables para salvar vidas y al criminalizar los actos de solidaridad, los Estados violan normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. De ello se derivan formas arbitrarias de privación de la vida bajo el estandarte conveniente de la lucha contra el terrorismo o el tráfico ilícito, o la defensa de las convenciones sociales.